En primer lugar un vídeo para introducir la discusión (en castellano, 16 minutos) analizando la experiencia danesa con cuotas individuales tranferibles, poniendo énfasis en la parte de Transferibilidad:
Uno de los temas que está concentrando buena parte de la discusión en la reforma de la Política Pesquera Común es el establecimiento o no de Cuotas Individuales Transferibles. Según la actual propuesta de la Comisión Europea la idea es regalar a cada uno de los pescadores con embarcaciones mayores de 12 años, o de arrastre, el derecho a pescar una proporción determinada de las cuotas asignadas de cada pesquería a cada país. Una vez asignadas las cuotas estos pueden comprar, vender o alquilar las cuotas entre sí.
La idea de dejar una parte de la flota fuera del sistema de asignación de cuotas individuales transferibles es un intento de proteger a este segmento de la flota de los efectos bien conocidos – a través de las experiencias ya existentes en muchas partes del mundo, incluido en algunas pesquerías en España- de este sistema de asignación de cuotas: eliminación de una buena parte de la flota, concentración de la propiedad por parte de los actores con mayor capacidad económica, concentración de la actividad pesquera en determinados puertos, etc. En breve: como el sistema obvia la dimensión social y ambiental de la actividad pesquera y premia exclusivamente a los más eficientes monetariamente a corto plazo, las salvaguardas tratan de limitar la acción del libre mercado de cuotas cuando se considera que sus consecuencias negativas sociales, territoriales o ambientales son excesivas. Al igual que se ha establecido una salvaguarda en función de la característica de la flota afectada (aplicables a las embarcaciones superiores a 12 metros), algunos actores tratan de promover otro tipo de salvaguardas complementarias: límites en la concentración, no transferibilidad entre diferentes tipos de flota, etc. ¿Son estas suficientes?
En mi opinión en las pesquerías compartidas entre segmentos de flota con acceso a las cuotas individuales transferibles y otros que no (es decir pesca artesanal), ninguna salvaguarda será suficiente, ya que no tienen en cuenta la operatividad de real de la actividad pesquera más allá de la actividad extractiva. En particular me parece especialmente grave que se ignore un hecho intrínseco de la propuesta actual: al regalar el derecho a pescar (remarco la palabra regalar, ya que no hay nadie que actualmente esté proponiendo por ejemplo subastar), se está mejorando de manera automática la capacidad de financiación de la flota a quien se le ha regalado el derecho, al pasar a formar parte los derechos de los activos (a efectos de un banco sería similar a tener de repente por ejemplo 300.000 euros más en caja). Esto es un hecho totalmente discriminatorio respecto a los no receptores de esta dádiva, los pescadores artesanales, con artes pasivas y embarcaciones más pequeñas, a quien en teoría se dice defender mediante las salvaguardias técnicas. El mayor acceso a la financiación permite aumentar la rentabilidad de la flota a través de su modernización, lo que va a dificultar a su vez la supervivencia de la pesca artesanal, al arrastrar los precios hacia abajo cuando se comparta la pesquería. A medio plazo esto empujará a una disminución de la flota de la flota artesanal, y a la presión por parte de ellas mismas a acabar con la salvaguardia, en la búsqueda de la supervivencia individual, aunque sea a costa de sacrificar el bien social que se quiere conservar del mantenimiento de su actividad.
No nos engañemos, no hay salvaguarda técnica o parcial posible en las pesquerías compartidas si miramos el proceso en su integridad mientras regalemos la cuota. Si la propuesta sigue adelante en diez años (cuando tenga lugar la próxima reforma) seguro que habremos visto las consecuencias,…..aunque muchos pescadores artesanales no van a llegar a verlo.
La Marina de Irlanda apresó el día 15 al Nuevo Confurco, al que acusa de supuesto uso de redes irregulares. El pesquero vigués se encontraba faenando a unos 320 kilómetros del condado de Kerry, en el suroeste del país, cuando fue requerido para realizar una inspección rutinaria.
