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Pesca y energía, ¿de la crisis energética a la crisis alimentaria?

La tendencia al alza del precio de los combustibles pone en riesgo la viabilidad de parte de la flota pesquera, y ello conlleva una serie de implicaciones ambientales, sociales y económicas que han sido insuficientemente analizadas hasta la actualidad. Desde la Fundación ENT se ha realizado para la Universidad Autónoma de Barcelona un estudio, partiendo de la información obtenida en un trabajo de campo realizado en la costa pacífico de Costa Rica, y datos complementarios españoles y globales, que muestra que es necesario realizar políticas activas para afrontar la problemática.

En particular se pone énfasis en cómo una gestión sostenible que priorice el acceso al recurso a la pesca más sostenible (y por tanto con menor impacto sobre el medio marino, menos descartes, con mayor capacidad de generación ocupación, más accesibilidad a la población con menor capacidad financiera) y más eficiente en términos de consumo energético, puede constituir parte de la solución a la problemática.

Creemos que es un trabajo aun muy incompleto, pero hemos tratado que sea muy divulgativo, y esperamos que os guste mucho, lo podéis encontrar aquí.

Pescando en aguas revueltas

Publicado en Público, 20 de febrero de 2012

Ilustración Patrick Thomas

Miguel Ortega Cerdà
Coordinador político de OCEAN2012 en España

En el periodo 2007-2013 la Unión Europea ha destinado 4.300 millones de euros al sector pesquero a través del Fondo Europeo de Pesca, un 26% de los cuales han sido para España. Recientemente se ha iniciado la discusión sobre el nuevo fondo europeo marino y pesquero para el periodo 2014-2020 cuyo importe será de 6.567 millones de euros, y cuyas prioridades están en discusión.

La Comisión Europea ya ha realizado su propuesta y la ha presentado en Madrid. Algunos aspectos son claramente adecuados y dirigidos a acabar con problemas evidentes del marco de financiación anterior. Por ejemplo, medidas como asegurar que los recursos estén únicamente disponibles para aquellos estados miembros que cumplan los objetivos y las reglas de la política pesquera común; o el condicionamiento de la financiación a que los beneficiarios privados cumplan la reglamentación vigente; deberían ser medidas apoyadas ampliamente. En el pasado se dieron decenas de casos de embarcaciones, por ejemplo –pero no únicamente– españolas, subvencionadas y posteriormente capturadas realizando pesca ilegal. No tuvieron que devolver los fondos públicos, y en ocasiones fueron posteriormente aún subvencionadas de nuevo. Si nada cambia respecto a la propuesta actual, la situación no se repetirá con el nuevo marco financiero.

Pero no todo es tan claro en la nueva propuesta, y dada la importancia que tienen para España estos fondos parece sensato proponer una priorización que se adecue a nuestras necesidades, sin caer en el corto plazo ni ignorar la necesidad de transformar nuestra flota y sistemas de gestión para adaptarlas al siglo XXI. El actual statu quo no es una opción para España, un país donde tanto la ocupación como el número de embarcaciones no dejan de disminuir en las últimas décadas y que necesita un revulsivo que facilite una gran transformación, no el continuo lento decaer. Ante esta situación sería interesante priorizar y concentrar nuestros esfuerzos en tres ejes.

En primer lugar, conseguir que los recursos públicos se destinen en buena parte a usos públicos y de interés común. Dicho en otras palabras, antes que el apoyo a intereses privados puntuales sería preferible aumentar la financiación en algunos aspectos de gestión pública que resultan críticos para asegurar la viabilidad del conjunto del sector; tales como, un mejor conocimiento científico, más recursos para mejorar la gestión pesquera (por ejemplo para apoyar la creación de áreas de cogestión pesquera o los planes plurianuales a través de los cuales se deberán gestionar las pesquerías), y mayor financiación para un mejor control de la pesca ilegal, no registrada y no deseada, la más irresponsable de las modalidades pesqueras. Por ahora la propuesta de la Comisión Europea no es suficientemente ambiciosa, únicamente un 15% de los recursos se destinan a recopilación de datos y gestión pesquera. Deberíamos tratar de conseguir una proporción mayor y que los recursos no se puedan desviar a otros usos.

En segundo lugar se impone acabar con los fondos de usar y tirar. Hemos de dejar de financiar directa o indirectamente las flotas en las que existe una sobrecapacidad. La Comisión Europea reconoce la sobrecapacidad de la flota como una de las principales causas de sobreexplotación, y estima que en algunas pesquerías la capacidad puede llegar a ser dos o tres veces superior a lo que se consideraría sostenible. El problema es que no vincula suficientemente esta realidad a la nueva financiación. Sería deseable evitar, por ejemplo, financiar la modernización de la flota que poco tiempo después abandonará su actividad por exceso de capacidad. En el pasado se han realizado aberraciones. Por ejemplo, se ha subvencionado la modernización y la retirada de las embarcaciones con intervalos entre ellas inferiores a un mes. Por tanto, propongamos la condicionalidad de la financiación privada a un encuadre serio y coherente que acabe con la sobrecapacidad, y vayamos más allá de una discusión genérica sobre si son o no son necesarias las ayudas a los desguaces. Desde 1994 la Unión Europea ha destinado más de 2.700 millones para financiar desguaces sin conseguir el objetivo de acabar con la sobrecapacidad, lo que ha constituido una práctica que se ha mostrado inefectiva y plagada de irregularidades, según mostró recientemente el Tribunal de Cuentas Europeo.

Finalmente, apostemos por una distribución más equitativa de los recursos públicos. En el pasado los recursos se han concentrado mayoritariamente en pocas manos. Por ejemplo, a partir de los datos disponibles del Fondo Europeo de Pesca, podemos ver que para el caso español en el ámbito de la modernización el 20% de los mayores receptores usaron más del 77% de los recursos públicos, mientras que la mayoría de la flota no recibió nada o cantidades muy pequeñas (el 20% que recibió menos –algunos se quedaron sin nada– contaron con menos del 1%). El nivel de desigualdad en la distribución de los recursos públicos (medido a través del índice de Gini) es de 0,72, una barbaridad. Para hacernos una idea es una desigualdad mayor que la distribución de la riqueza en el mundo (0,55). Para evitarlo apostemos por establecer límites máximos en la cantidad que pueda recibir cada armador. Eso liberará recursos para distribuir de manera más equitativa entre el conjunto de la flota.

Prioridad para lo público, financiación condicionada a la no existencia de sobrecapacidad, y establecimiento de mecanismos de distribución equitativa deberían ser tres prioridades para la nueva financiación de pesca. Veremos si algunos intereses privados muy concretos no nos desvían de estas líneas de actuación.

Solo la pesca artesanal y sostenible tiene futuro en Europa, dice Ocean2012

Madrid, 3 feb (EFEverde).- La política pesquera comunitaria debe favorecer la pesca artesanal como modelo de gestión que cumple con criterios de sostenibilidad y trazabilidad.

La plataforma internacional Ocean2012, que promueve el debate de esa normativa en nombre de 147 organizaciones de 17 países europeos, defiende la adopción de una política “marco” respetuosa con el recurso y el medio ambiente.

“No buscamos la política de la excepción, sino la política de la generalización. Buscamos el marco regulatorio adecuado que sirva de base para desarrollar la política pesquera mas racional”, declaró a EFEverde el coordinador político de Ocean2012, Miquel Ortega, consciente de que la definición de pesca artesanal ya es en sí tema de debate.

Solo en España, el 72 % de las embarcaciones pesqueras corresponden a esa categoría y en el resto de Europa el porcentaje baja solo dos puntos.

Con una gran presencia en el mar, los pescadores artesanos no tienen una gran representación en las negociaciones de la Unión Europea (UE), por eso Oceana2012 aboga también por la co-gestión y tomar en cuenta la voz y la experiencia del pescador.

Tradicionalmente agrupados en cofradías, que tienen competencias e intereses territoriales, mas que sectoriales, los pescadores artesanos aparecen fragmentados en el espacio político comunitario, explicó Ortega,

La pesca artesanal, por otra parte, es la que tiene menos resiliencia o capacidad de reacción si el ecosistema cambia muy rápido, recordó, por lo que requiere especial atención.

Las artes selectivas, añadió Ortega, no son ajenas a la modernización y solo necesitan “poder trabajar”.

“Como definición, la pesca artesanal cumple las características que nosotros consideramos mejores para cualquier flota”, aseguró el representante de la coalición, creada fundamentalmente para influir en la definición de la Política Pesquera Común, actualmente en negociación, que regirá en la Unión Europea durante los próximos diez años.

“Este es el año y este es el momento de provocar que pasen las cosas y nosotros aportamos rigor científico y técnico y datos”, aseguró el experto, representante de ecologistas, investigadores y pescadores artesanales.

Ortega reconoció que la posición de la Comisión Europea (CE) ante las artes más selectivas ha mejorado en cuanto a la legislación anterior y “es bueno señalarlo”, pero hay que identificar mejor las características y necesidades de la pesca artesanal, porque es el futuro.

“Nuestro interés es definir criterios, no hacer un corte, y abogar por mayor selectividad, menor impacto ambiental, mejor componente social, vinculación con el territorio mas cercano y menor consumo energético”, precisó.

Si se aplican esos criterios al conjunto de las flotas, ya el pescador artesanal se verá apoyado, aseguró.

Ocean2012 propone además planes multianuales para todas las pesquerías, no solo para las mas comprometidas; regular mejor los descartes y establecer herramientas pesqueras, como la trazabilidad y el concepto de rendimiento máximo sostenible para marcar límites de pesca.

El consumidor, según Ortega, debe poder exigir la etiqueta del pescado que compra con la información completa sobre su identidad y captura con la tecnología que ya está en la calle con costes viables.

Uno de los socios de Ocean2012, New Economics Foundation, prepara la presentación este mes de un informe en el que defiende el establecimiento del “rendimiento máximo sostenible” de todas las especies de consumo conocidas en Europa.

El trabajo, realizado por el biólogo y economista español Aniol Esteban, establece cuánto pescado más podríamos tener y cuánta riqueza generaría el recurso si estuviera mejor gestionado.

Es un concepto no solo de sostenibilidad sino de economía, que requiere dejar que se recupere el ecosistema y luego administrarlo de forma óptima, tomando en cuenta, apuntó Ortega, que más de un 72% de los “stock” de especies marinas están sobrepescados.

“Vamos a intentar conseguir la máxima protección para las especies más sensibles, no para las mas rentables”, apuntó.

Miquel Ortega precisó que Ocean2012 no está contra la flota industrial, pero apuesta porque se apliquen los mismos criterios de valoración para toda la flota y dedicar mas atención al control del recurso y a su mejor conocimiento científico.

Ocean2012 se entrevista el próximo 27 de febrero con el nuevo secretario general de pesca, aunque no esperan “que haya grandes cambios en el la posición del Gobierno español”. EFEverde